Comisión Europea quiere que el uso comercial y civil de drones dé lugar a una “nueva era de la aviación”, según anunció
a principios de abril. Bruselas (Bélgica) calcula que este negocio
generará 150.000 puestos de empleo en 2050 y hasta 15.000 millones de
euros al año en beneficios. Sin embargo, este suculento futuro no será viable en Europa hasta 2016, fecha en la que se prevé que será aprobado el marco legal homogéneo para todos los países miembros.
Ante la espera y el temor de perder competitividad en el sector, muchos países miembros han comenzado a adoptar sus propias legislaciones
internas. Suecia, Francia, Dinamarca, Italia, Alemania, República
Checa, Lituania y Reino Unido ya han aprobado normas que permiten
operaciones simples con drones ligeros en sus espacios aéreos
nacionales.
El último país en desarrollar un marco legal que permita a su industria nacional despegar cuanto antes, ha sido España. Hace meses que la Agencia Española de Seguridad Aérea(AESA),
dependiente del Ministerio de Fomento, trabaja de forma conjunta con la
industria en el borrador de un proyecto de ley con este propósito, y
recientemente la secretaria general de Transporte, Carmen Libero,
anunció que estará listo a finales de junio de 2014. El real decreto
regulará su uso a nivel comercial y civil, “en determinadas condiciones
con limitaciones”.
Aunque España ha iniciado el proceso en último lugar, la AESA asegura a MIT Technology Review
que “no lleva retraso y, de hecho, la normativa española será
probablemente una de las más completas de la UE”. Las autorizaciones ya
vigentes en otros países son, según la organización, escasas y “con
muchas restricciones”. Frente a ellas, la normativa española pretende
ser especialmente “flexible, para evitar que los avances tecnológicos la
dejen obsoleta”.
Hasta entonces, “en
España no está permitido, y nunca lo ha estado, el uso de aeronaves
pilotadas por control remoto con fines comerciales o profesionales”,
según recordó la agencia en un comunicado el pasado abril. Este anuncio
significó el cese de actividad de muchos drones comerciales que
operaban en el país de manera alegal. Este fue el caso del equipo que
filmó la ciudad de Madrid desde el aire en un vídeo que triunfó en las redes sociales. Mientras la nueva normativa no se publique, la AESA insiste en que “este tipo de trabajos sin autorización es ilegal y está sujeto a la imposición de las correspondientes sanciones”.
F.CIniciativas
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